Según informa La Gaceta el Tribunal Supremo pone límites a la jurisdicción penal en orden al control de la actividad política del Gobierno y defiende que no puedan criminalizarse a priori, mediante la interposición de querellas criminales, "las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de gobierno que garantice la ordenada convivencia social"
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En Ex-paña, como norma hay justicia
Ex-paña no se ajusta a la norma
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